Casos de Incapacitación Civil llevados en el Despacho
Describimos algunos casos representativos relacionados con la incapacitación judicial; estos pueden ser ilustrativos de la amplia tipología de asuntos encargados al Despacho para incapacitar a una persona.
-
¿Se puede proponer la tutela, o curatela, por parte de la Comisión de Tutela de la Comunidad Autónoma cuando hay discrepancias entre los hijos de la presunta persona incapaz?
-
La respuesta es afirmativa. Al amparo del Art. 759.2 LEC se pueden proponer como tutores, en interés de la presunta persona incapaz, a la Comisión de Tutela de la Comunidad Autónoma. Para esto no es necesario que el procedimiento lo inicie el Ministerio Fiscal.
En este caso de referencia, se interesa la incapacitación de una persona mayor que padece un deterioro cognitivo tal que la impide valerse por sí misma y requiere cuidados, atención y supervisión constante para la práctica totalidad de sus tareas diarias.
El procedimiento lo inicia una de sus hijas, que no tiene la disponibilidad requerida para ser la tutora de su madre. Tiene una hermana, que entiende, que no está capacitada para ejercer dicho cargo. Por este motivo se solicita, junto a la demanda sobre declaración de incapacidad, la tutela por parte de la Comisión de Tutela.
Incapacitar a una persona – Concepto de la Incapacitación
Incapacitar a una persona significa declarar la falta de capacidad de la persona mayor de edad, a la que se le presupone capacidad de gobernarse por sí misma.
Nuestro sistema presume la capacidad del mayor de edad: «el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código» (Art. 322 del Código Civil).
La incapacitación de una persona tiene su fundamento en la imposibilidad de gobernarse por sí misma. Como consecuencia de este procedimiento judicial, y en virtud de una sentencia judicial, la persona pasa a un estado civil de incapacitado, el cual implica la reducción de la capacidad de obrar de la persona y queda sometida a un régimen tutelar. La incapacitación, entonces, es una limitación de la capacidad de obrar de la persona y que no necesariamente tiene que ser absoluta. A todo esto hay que añadir la función protectora que debe de tener la incapacitación judicial.
La incapacitación de una persona mayor finaliza cuando acaba el procedimiento judicial con la correspondiente declaración de incapacidad
La Incapacitación está regulada en el Código Civil, en el Título IX del libro primero cuyo título es precisamente "De la incapacitación".
¿Quién puede iniciar el procedimiento para declarar incapaz a una persona?
Lo primero que haremos cuando nos confíe su caso es asegurarnos de que efectivamente cuenta con todas las garantías para solicitar y obtener la incapacitación judicial de su familiar (padre, madre, hijo, hija, cónyuge, etc.). Este es el primer paso del proceso judicial antes de iniciar los trámites necesarios para dicha solicitud.
La demanda de incapacitación puede ser presentada por:
- El propio afectado por la incapacidad.
- Sus parientes ascendientes, descendientes o hermanos.
- Su cónyuge o pareja.
- Su tutor o quien ejerza su patria potesdad, si el presunto incapaz es menor de edad.
- El Ministerio Fiscal, si nadie incluido en los puntos anteriores ha iniciado la solicitud.
¿Cuáles son los requisitos fundamentales para su obtención?
Nosotros le guiaremos a lo largo de todo el proceso, teniendo en cuenta que estos son los requisitos o supuestos que más valoran los jueces para incapacitar a una persona:
- La enfermedad, discapacidad o deterioro cognitivo impiden a la persona autogobernarse.
- Se suceden actos irresponsables en relación a la gestión del patrimonio personal.
- No se llevan a cabo los adecuados cuidados propios y hacia terceros a su cargo.
- Tienen lugar abusos o malos tratos sobre la persona con dolencias.
- Cualquier persona que no pueda realizar sin ayuda las actividades más básicas del día a día.
Tendremos en cuenta, además, el inmenso valor que para la decisión final del juez tienen las valoraciones profesionales y forenses.
¿Cuánto cuesta el procedimiento de incapacidad judicial de una persona?
Los procedimientos de incapacitación civil no son todos iguales, y su precio puede ser diferente dependiendo de la complejidad de los mismos. En Allende Abogados ofrecemos una primera cita gratuita para valorar su caso y ajustamos nuestros honorarios a sus necesidades, siendo justos y transparentes.
Contamos con el mejor equipo jurídico y peritos colaboradores para ganar su caso.
Los distintos tipos de incapacitación judicial
Debemos tener en cuenta que cualquier persona es capaz hasta que una sentencia judicial determine lo contrario. Y, además, establecerá tanto el grado como el alcance que tendrá la incapacitación judicial, en caso de declararse.
Nuestro equipo está ampliamente especializado en todo tipo de incapacidades, civiles o judiciales, así como abogados para incapacidad permanente laboral.
La incapacidad total
Cuando el incapacitado tiene nula capacidad para autogobernarse, sus derechos los ejerce un tercero en su nombre (su tutor), con el objetivo de garantizar al máximo su protección personal y patrimonial.
La incapacidad parcial
La protección ejercida por el tercero (curador) en nombre del incapacitado encuentra su límite en este caso en un menor grado de invasión en la toma de decisiones.
Incapacitación judicial por enfermedad mental
Las personas que padecen una enfermedad mental importante requieren una atención continuada y una vigilancia constante. Por eso, en la mayoría de los casos, solicitar su incapacitación judicial como medida de protección es la mejor solución.
Incapacitación judicial por discapacidad intelectual
Nuestro ordenamiento jurídico protege especialmente a las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, y se entiende también que se trata de un imperativo social y de convivencia. Aunque no todas las discapacidades intelectuales son iguales ni tienen el mismo grado, la necesidad de tutela o curatela es frecuente en muchos casos.
Incapacidad judicial por deterioro cognitivo persistente
Cuando llegamos a una determinada edad, de manera general, el deterioro cognitivo es inevitable, en mayor o menor medida. Para que cualquier persona en esta situación pueda seguir manteniendo sus derechos y deberes intactos, la intervención de un juez es fundamental.
Nuestros abogados expertos en procesos de incapacitación judicial en Madrid saben muy bien cuáles son los casos más frecuentes en este ámbito: esquizofrenia, trastorno bipolar, síndrome de down, demencia senil, alzheimer, ludopatía, alcoholismo y depresión.
Solicite cita en uno de nuestros Despachos
Allende Abogados cuenta con un gran equipo de Abogados de Familia en Madrid, especialistas en procedimientos de incapacitación civil de personas.
Llámenos y le atenderemos presencialmente en una de nuestras sedes en la Comunidad de Madrid: Madrid Capital, Alcorcón, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Rivas Vaciamadrid, Alcobendas.